Para muchas personas adoptadas, el derecho a conocer sus orígenes únicamente puede realizarse mediante actividades de búsqueda en el Estado de origen, en particular cuando los expedientes disponibles en el Estado de recepción resultan estar incompletos o espurios. Las actividades de búsqueda pueden involucrar a varios actores, entre ellos las familias adoptivas, las Autoridades Centrales en materia de adopción y otros organismos e instituciones estatales, los organismos acreditados de adopción, la oficina de registro civil, la policía, los tribunales, los abogados, los prestadores de acogimiento residencial, los profesionales y centros del sector salud, las asociaciones y los investigadores privados, las agencias de viaje, los intérpretes, etc., cada uno con sus propios mandato, intereses y prioridades. Las cuestiones relativas a la identidad de las personas adoptadas son complicadas y acentuadas por el creciente reconocimiento en informes internacionales y nacionales de adopciones internacionales ilegales y sistémicas a lo largo de la era moderna de la adopción internacional. Las responsabilidades de los Estados se ven reforzadas debido a esta documentada historia de la adopción internacional ilegal y sistémica.